10 jun. 2008

Seprotec

La empresa de traducción e interpretación Seprotec cubre desde el 1 de mayo todos los servicios de traducción e interpretación para la policía nacional y la guardia civil en España. Necesitan, por tanto, intérpretes de todos los idiomas y en todos los rincones del país. Antes de que Seprotec asumiera esta función, se contrataba a cualquiera, sin comprobar su dominio de las lenguas de trabajo. Pero parece que la adjudicación de la cobertura del servicio a Seprotec no ha sido más que una institucionalización de la chapuza. En una oferta de trabajo que me llegó a través de una lista de correo, Seprotec no exigía que los candidatos a traductores e intérpretes en este servicio público tuvieran ni carrera ni formación específica: les bastaba con el certificado de estudios secundarios y el conocimiento, no necesariamente acreditado, de un idioma además del español.

Lo grave de esta cuestión no es que no se exija un título, puesto que para ciertas combinaciones lingüísticas resulta imposible contar con uno (en España, por ejemplo, no hay licenciados en traducción de farsi); lo escandaloso es que la comunicación, pongamos que en una comisaría, esté gestionada por una empresa privada. Lo inaceptable es que, además, esa empresa privada pague a sus empleados siete veces menos de lo que cobra normalmente un intérprete, lo que hace que muy poca gente lo suficientemente formada para desempeñar esta labor esté interesada en hacerlo.

Y así las cosas, que, digamos un senegalés, pueda entender y hacerse entender en un juzgado, por ejemplo, depende de alguien que probablemente no tiene conocimientos acreditados ni de senegalés ni de español, no conoce las particularidades de la profesión y, además, trabaja en condiciones más que reprobables.

Es lamentable que sacar este tipo de servicio a concurso y adjudicar su cobertura a la opción más barata sea la tendencia general, también en los hospitales y en los centros de acogida de inmigrantes.

En consecuencia, la comunicación, que es una condición indispensable para el cumplimiento de otros derechos fundamentales, especialmente en este tipo de situaciones, no está garantizada y los mayores perjudicados vuelven a ser los inmigrantes con menos recursos.

En el peor de los casos puede que, encima, resulte que la empresa privada contratada sea un caos y que, para atender las necesidades comunicativas de unos brasileños a los que se les deniega la entrada al país, envíen a un paquistaní con seis antecedentes penales y una orden de busca y captura en su contra. Justo eso es lo que cuentan que pasó a finales de mayo, lo que ha sacado el escándalo a la luz y ha merecido cierta atención de la prensa nacional.

Ayer la cuestión de Seprotec y la privatización de los servicios de traducción e interpretación en la policía y la guardia civil se planteó en el congreso. Lástima que lo hiciera alguien un tanto inconsciente socialmente que no mencionó ni las condiciones de trabajo de los contratados ni lo más importante, la situación de total vulnerabilidad a la que se somete a los inmigrantes que precisan el servicio.

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