La impunidad del gestor

A última hora de la tarde del lunes 6 de mayo saltó la noticia relativa a la dimisión de Rodrigo Rato al frente de grupo Bankia. La obligada renuncia del ex ministro de Hacienda y ex director gerente del FMI responde, según se lee en el sucinto comunicado adelantado a la prensa, a razones de índole profesional por estimar que es lo más conveniente para esta entidad sin mentar ni una sola palabra sobre los crecientes problemas de solvencia de una entidad señalada con el dedo por algunas autoridades monetarias y auditorias privadas, a sabiendas de la indigesta apalancada de 37.000 millones de euros procedentes del negocio del ladrillo. Además, a este empacho de ladrillos se le suma la pésima gestión de una situación que, en palabras del propio Rodrigo Rato, acontece en el marco de una de las coyunturas más críticas que jamás haya sacudido el sistema financiero español. Mas, ¿a qué se debe esa “crítica coyuntura”? ¿Hasta dónde deberíamos remontarnos para explicar las debilidades de un sistema financiero que hasta no hace mucho era tildado como uno de los más sólidos del planeta? ¿Acaso fuimos todos, políticos, gerente y ciudadanos, víctimas de una ilusión promovida por los cicateros y hacendosos manejos de algún genio maligno? Y si tal fuera el caso, ¿por qué los responsables de salvaguardar el sector financiero no actuaron a su debido tiempo y con el anticipo necesario como para aplicar el remedio antes que la cura de la enfermedad?

¡Es todo tan complicado! Parece como si las cábalas de Rodrigo Rato no fuesen más que el trasunto barato de vagos pretextos sobrevolando una terra ignota o marisma pantanosa en donde aún quedan demasiadas cuestiones sin resolver. ¿Cuáles han sido las causas concretas de esta “crítica coyuntura” que atraviesa el sistema financiero español? A nadie se le escapa que el germen original de tanta preocupación yace en la nefasta política bancaria ejercida durante estos últimos años de pujante crecimiento en torno a la financiación crediticia del negocio de la construcción, las obras faraónicas y la concesión a espuertas de créditos e hipotecas a particulares de todos los perfiles y medios sociales. Y todo ello impulsado por los bancos habida cuenta de la necesidad imperiosa de facilitar el acceso a la compra-venta de viviendas a particulares que mantuvieran bien engrasados los mecanismo del sistema y asegurasen, de ese modo, el reembolso de los préstamos bancarios – y sus debidos intereses- solicitados por los inversores del mundo de la construcción. Llevados por la inercia propia de este “optimismo bullanguero” que, mientras a unos, los entrampaba bajo una montaña de deudas e hipotecas, a otros, les permitía enriquecerse de una forma tan rápida como milagrosa, los responsables políticos y las autoridades económicas han mostrado una confianza ciega en este modelo de crecimiento llegando incluso hasta el extremo de baladronear públicamente de su solidez.

Habiendo sido éstos mismos los encargados de velar por la seguridad y la salud del sistema financiero, ¿no sería mucho más cabal acusarlos sin contemplaciones de haber detentado durante años una política económica errónea, torticera y causa directa de la tan “crítica coyuntura” de la que nos habla el señor Rodrigo Rato? De nuevo entramos en terreno vedado y la retórica sórdida y mezquina del discurso dominante elabora sus parapetos: todos somos culpables de esta situación porque hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades. ¡Santas palabras de nuestros políticos! ¡Sermón purificador de tantas almas inocentes y pecaminosas! ¿Por encima de nuestras posibilidades o tal vez por encima de las posibilidades recetadas por una política económica favorable a los intereses bancarios y por ende al modelo del ladrillo? Lo cierto es que los bancos han perpetuado unos hábitos de consumo desmedidos para poder seguir invirtiendo en los activos tóxicos derivados del negocio de la construcción.

Nos han prescrito un caramelo que ahora nos produce una dolorosa indigestión. Y cuando el doctor yerra en su diagnóstico o, más grave aún, cuando decide someternos a un tratamiento que acaba empeorando nuestro estado salud, ¿no convendría apartarlo inmediatamente de sus funciones debido a su incompetencia? ¿Abrirle un expediente sancionador, imponerle una multa y, según el grado de la negligencia cometida, amenazarlo incluso con la cárcel? En un mundo donde la justicia y la ley fueran de la mano, la sola razón y la propia dignidad nos obligarían a actuar responsablemente tomando una serie de medidas amoldadas a los principios de una cierta idea de la equidad social porque, como ya auguró Aristóteles (Ética Nicomáquea, II, 1103a 30-36):

[…] De un modo semejante, practicando la justicia nos hacemos justos; practicando la moderación, moderados, y practicando la virilidad, viriles. Esto viene confirmado por lo que ocurre en las ciudades: los legisladores hacen buenos a los ciudadanos haciéndoles adquirir ciertos hábitos, y ésta es la voluntad de todo legislador; pero los legisladores que no lo hacen yerran, y con esto se distingue el buen régimen del malo.

Y es que toda justicia es asimismo un acto de responsabilidad. Responsabilidad de las instituciones públicas que la detentan en el marco legal del derecho establecido y responsabilidad privada o solidaridad a título personal de cada uno los ciudadanos, dirigentes políticos y gestores públicos y privados que deberían ser los encargados de acatar sin remilgos sus compromisos sociales y predicar mediante el ejemplo los criterios de responsabilidad social fijados en un momento tan delicado. ¿Qué ocurre cuando esta responsabilidad se disipa a consecuencia de su incumplimiento? ¿Cuando la imagen refractada de los altos dirigentes, mandatarios, gestores, cargos electos y responsables políticos se recubre de la pátina de la corrupción, el cambalache, el clientelismo, la hipocresía y el egoísmo interesado? ¿Cuando asistimos al bochornoso espectáculo de gerentes y gestores abandonando cajas y entidades bancarias completamente arruinadas con un cláusulas de despido millonarias sin que nadie les exija responsabilidades a cambio? Pues sucede que los lazos de solidaridad se descomponen y los compromisos sociales de cada cual se van diluyendo en el marasmo de la irresponsabilidad a consecuencia de los daños procurados en el cemento necesario para mantener firme la cohesión social: la justicia. En estas condiciones, todos aprenden los nada desdeñables beneficios de escurrir el bulto y mirar para otro lado en cuanto se mentan el interés común y las responsabilidades civiles. Sin las junturas de la justicia, no hay sociedad y sin las debidas responsabilidades parece casi imposible alardear de sociedades justas y democráticas en donde la impunidad de los gestores públicos y privados se trastoca en la regla y no en la excepción.

Mas todo esto son sólo palabras; porque en el mundo real, el de la democracia y la pompa chillona de la ley, aquellos que, de algún modo, hubieran debido purgar cualquier tipo de responsabilidad cívica y civil en el desempeño de una gestión nefasta cuyas consecuencias azotan ahora, sin piedad ni compasión, a buena parte de las familias asentadas en España, salen indemnes de toda amonestación y con unas indemnizaciones tan suculentas como a la postre vergonzosas e indecentes en un momento, en el que la “crítica coyuntura”, requeriría de un mínimo de tacto y sacrificios personales equivalentes a los esfuerzos que el gobierno demanda al grueso de la ciudadanía española para salir de la crisis. Y es que no cabe perder de vista que, esos mismos esfuerzos, también son necesarios para conservar el sistema financiero a base de continuas inyecciones de dinero público, dada la estampida del capital y la inversión privada en justa medida a la “crítica coyuntura” provocada por la fatídica gestión de los bancos y las cajas de ahorro. Pero tal vez de todo esto saben mucho más el gobernador del Banco de España, Ángel Fernández Ordóñez, que durante años ha hecho la vista gorda a los problemas del sector financiero o el nuevo presidente de la nacionalizada Bankia, José Ignacio Goirigolzarri porque un hombre cuya pensión de prejubilación asciende a la friolera de 52,49 millones de euros (El País, 01-10-2009) debe de ser una especie de chamán o gurú de las finanzas que con sólo mover su varita mágica repare todo el entuerto del anterior gestor, Rodrigo Rato.

 Aunque en este país ya se sabe: si la cosa no funciona como se esperaba, otro apretón de cinturón, un ajuste aquí y una reforma acullá porque faltos de pedir las debidas responsabilidades a quien bien las merecen, al gobierno de España, amparado en su mayoría absoluta, no le cabrá sino recurrir a las exigencias de un mayor sacrificio. Como bien afirmó Mariano Rajoy en su debate de investidura los españoles han votado por el cambio y la responsabilidad. Sea; dejemos todo esto en manos de los representantes políticos y zanjemos la cuestión echando mano de la sabiduría popular que, en este caso, parece no andar demasiado errada: a falta de responsables directos de esta “crítica coyuntura” podemos recurrir a los justos, siempre dispuestos a pagar por cuantos pecados y pecadores sean necesarios para sacar a este país de la crisis.