A un mes de septiembre marcado
por el inicio del curso escolar y académico más austero de la reciente historia
de la democracia española, se le suma, desde el pasado 21 de septiembre, el
anuncio de una nueva reforma educativa, vía la tramitación del anteproyecto de
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Según afirma el ministro
de Educación, Cultura y Deporte, Jose Ignacio Wert, es una reforma necesaria
para mejorar la competitividad de los jóvenes españoles en un mercado global y
muy exigente. Una reforma “que mira hacia
fuera, sensata, gradual, instrumental y en modo alguno, ideológica” (ABC,
21-09-2012). Allende las protestas de algunos colectivos de enseñantes y
diversas comunidades que interpretan la reforma como un intento de centralizar
la educación, despojando a los respectivos gobiernos autonómicos de sus
competencias para establecer los contenidos educativos, lo cierto es que, la
nueva reforma educativa, también se presta a otro tipo de lecturas integradas
dentro del marco general de recortes emprendidos por el gobierno de Mariano
Rajoy.
En esta coyuntura de
desaceleración económica y disminución del gasto público ¿cómo conciliar una
reforma, encaminada a mejorar la competitividad de los jóvenes españoles, con las
medidas de austeridad y los recortes en las administraciones públicas? Si,
armados de paciencia, echásemos una hojeada a diferentes medios de comunicación
autonómicos y regionales, advertiríamos, de inmediato, las constantes denuncias
de agrupaciones sindicales y educativas que nos advierten de un deterioro de la
enseñanza derivado de la masificación de las aulas y, más grave aún, de la
incapacidad de algunas Administraciones para cubrir las bajas de profesores en
numerosos centros escolares de primaria y secundaria.
Así, el diario de la provincia
de Alicante en su edición electrónica del 8 de septiembre comenta las vacantes para docentes no adjudicadas
todavía en Infantil y Primaria se han cebado con las especialidades de Inglés,
Música, Logopedia o Educación Física. Además, no se han cubierto las vacantes
generadas por excedencias, reducciones de jornada o comisiones de servicio,
hasta una media que las formaciones sindicales cifran en un docente por centro
entre los 400 centros de la provincia. Por su parte, el diario Sur, también
en su edición electrónica, denunciaba el pasado 20 de septiembre, la situación
del colegio de Xarblanca (Málaga), abriendo un titular de noticia con el
marbete: La falta de docentes saca a la
calle a padres y alumnos del colegio de Xarblanca. De igual forma, Cantabria24
horas, apuntaba en su página electrónica del 12 de septiembre que los sindicatos docentes califican de
“desastre” el inicio del curso escolar, que arranca con 500 profesores menos
que el anterior que, según han advertido, arrancará este jueves con 2000
alumnos más y unos 500 profesores menos, entre vacantes y sustituciones sin
adjudicar. Y caso aún más sangrante el de Torre-Pacheco (Murcia), que ha
dado pie a la protesta de un numeroso grupo de padres y madres de alumnos por la
falta de profesores en el centro de Enseñanza Infantil y Primaria “San Antonio”
desde la inauguración del curso escolar el pasado 7 de septiembre (información
extraída de la página web de Radio Torrepacheco). Una vez más, y a tenor de los
ejemplos mentados, convendría preguntar ¿cómo piensa apañarse el ministro Wert
para llevar a buen puerto los cometidos de la reforma, cuando se carecen de los
medios materiales y humanos? ¿De qué forma garantizar la “competitividad” de
los jóvenes si las administraciones se ven incapacitadas para solventar con
eficacia sus competencias educativas?
Es evidente que la educación
española padece grandes anomalías. Sin embargo, las reformas educativas de los
anteriores gobiernos han naufragado una detrás de otra en su empeño de mejorar
este negro panorama. Y este recurrente descalabro de la educación española –
buena muestra de ello son los demoledores informes PISA- tiene, tal vez, su origen en tres focos complementarios: en
primer lugar, las altas tasas de fracaso y abandono escolar propiciadas, en
gran parte, por el acceso al mercado laboral de una gran mayoría de jóvenes sin
formación durante los años del boom económico. Movidos por la inercia generada
en torno al negocio del ladrillo, una masa de jóvenes con un perfil de baja
cualificación, accedieron de forma directa a puestos de trabajos medianamente remunerados
en sectores como la construcción. Pero entonces, a nadie le preocupaba el
futuro de estos jóvenes, porque nadie hizo hincapié en la necesidad imperiosa
de contrarrestar paulatinamente esa dinámica de abandono y fracaso escolar por
un modelo de desarrollo menos dependiente del negocio del ladrillo. El segundo
foco de este fracaso del modelo educativo, en estrecha relación con el primero,
estriba en la inepcia de políticos y gobernantes que, durante años, se han
mostrado reacios a fomentar un modelo de crecimiento alternativo y unas
infraestructuras económicas orientadas hacia la implementación de la innovación
y el desarrollo. Si las políticas educativas de los últimos gobiernos hubieran
puesto coto al fenómeno de la deserción en las aulas, buscando un punto de
equilibrio entre la formación académica o profesional y las necesidades de un
mercado laboral mucho más diversificado, quien sabe si la propia estructura de
una economía española más dinámica y versátil, no nos hubiera ahorrado el
actual – y terrible- problema del desempleo, sobre todo juvenil. Como tercer
foco de propagación, cabe señalar a la propia dinámica de una inversión decidida
por incentivar la educación. A los criterios a corto plazo de la racionalidad
económica y mercantilista que manejan nuestros políticos, se le opone una
lógica educativa condenada a obtener resultados solamente a largo plazo. En
efecto, los frutos de toda educación y todo sistema educativo de calidad,
adaptado a las actuales exigencias del mercado laboral, necesitan de una lenta
maduración y no se entroncan dentro de las dinámicas gubernamentales empeñadas
en modificar los planes de estudios y los modelos de calificación al inicio de
cada nueva legislatura. De ese modo, no se soluciona nada, al contrario se
empeora la ya de por sí delicada situación.
Durante los años de bonanza
económica las autoridades gubernamentales y autonómicas han ido parcheando el
problema educativo, gracias al certero manejo de un “milagro español” anunciado
a bombo y platillo en las holgadas cifras exhibidas anualmente por el P.I.B. Se
decidió hacer la vista gorda y apostar por un modelo de crecimiento que, a la
postre, resultó más perjudicial de lo esperado: en cuatro años se ha perdido
todo lo que se avanzó en doce años, como si una ráfaga de aire hubiera
derribado nuestro frágil y voladizo castillo de naipes.
La construcción de complejos
turísticos de ensueño o la inauguración de fastuosos aeropuertos fantasmas
pesaban más en la balanza de las autonomías que todas las cuestiones
relacionadas con la educación. Nadie se preocupó en su momento de invertir en
infraestructuras educativas que fueran gradualmente desplazando un modelo de
crecimiento basado en el ladrillo, por un sistema más equilibrado y que, al
mismo tiempo, hubiera dotado a España de una economía más sólida y semejante al
de los países más desarrollados del espacio europeo. Países, cabe recordar, en
donde el impacto de la crisis financiera ha tenido una incidencia mucho menor,
dada la capacidad de resistencia y adaptación de unas economías más versátiles,
y asentadas sobre los pilares mucho más firmes de la innovación y el
desarrollo.
Y es que la Educación es inversión; pero una
inversión de futuro que, si se acometiera desde unos criterios de la
racionalidad a largo plazo, nos serviría de parapeto para prevenir posibles
crisis de este calado y evitar ulteriores intervenciones de Europa en la
economía de un país maltrecho y, en tantos otros aspectos, mal gestionado. Un
país, España, que ahora afronta las consecuencias de esas malas prácticas,
proponiendo otra reforma de la educación en un momento inoportuno y sin muchos
visos de constituirse en la verdadera y definitiva panacea que tanta falta hace
a la educación en este país. Una reforma que ni solucionará el problema de la
educación ni logrará dotar a España de un modelo social, cultural y educativo a
la altura de los tiempos y las exigencias de una Europa cada vez más fracturada
en un norte prolífico y un sur transformado en un criadero de jóvenes sin
futuro.
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